La inercia de la burocracia estatal pareciera resentirse cuando una persona u organización, por caso, solicita que rinda cuentas. Pero es solo un espejismo: todo sigue funcionando como si nada. No es casual, trasciende gestiones.
En julio de este año, para un artículo periodístico, quise conocer el gasto en publicidad oficial entre enero de 2016 y ese mes de 2019. Lo que sigue es la descripción de un laberinto sin salida.
En la Secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires atienden rápido el teléfono. La primera persona dice que “cree” que no se puede acceder al listado de medios a los que el gobierno de la provincia de Buenos Aires les asigna pauta oficial, pero que la palabra final la tiene el área de Publicidad. En esta, siempre telefónicamente, responden que no tienen idea, que llame luego porque al mediodía llega la persona que “se ocupa de eso”. A la hora indicada, en la Dirección de Administración Publicitaria, conducida por Soraya Maidana, aseguran que no tienen permitido compartir esa información, a pesar de que es de carácter público. Que a nivel nacional puede que así, pero que en Provincia no.
Lo llamativo era que en octubre de 2018, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había sido una de las oradoras durante la inauguración de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa: “Uno de los cambios a los que nos comprometimos era garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima de asfixia. Y eso hoy puede comprobarse. En Argentina hemos comenzado una nueva etapa, en la que hay más libertad y acceso a la información pública“, dijo.
Ante una afirmación de estas características, decidí continuar. Existía la posibilidad de que se tratase de desconocimiento por parte de quienes me atendieron.
Dato: la página web de la Secretaría de Medios carece de todo tipo de contenido que no sean gacetillas y los requisitos para solicitar publicidad.
La única manera de conocer los trazos gruesos de la asignación de publicidad por parte de la provincia de Buenos Aires es por medio de los presupuestos y el ejercicio de gastos. Esto no permite saber quiénes la reciben y mucho menos en qué cantidad. Las principales cajas publicitarias de estos últimos años fueron la Secretaría de Medios, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación de Buenos Aires.
Se sabe: proponerse conocer cuánto gasta un gobierno en los medios de comunicación y las redes sociales en cualquier momento es incómodo. Pero, si es durante un año electoral, mucho más aún. Es un agujero negro.
El 24 de julio, me presenté en la mesa de entrada de Gobernación para elevar una solicitud de acceso a la información con la planilla oficial que se puede descargar desde la web estatal.
Desde allí, me enviaron a tres lugares diferentes. Nadie quería recibirla. Finalmente, recalé en la Dirección de Publicidad, donde luego de una serie de llamados me indicaron que la Secretaría Legal podía sellar la solicitud. Así fue.
En simultáneo, le pedí a la Dirección de Acceso a la Información que realice un seguimiento sobre la solicitud. Solamente obtuve una respuesta: “(…) Hemos tomado nota de su solicitud de información y estamos haciendo el seguimiento correspondiente junto a la Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires. Su solicitud será girada a la Asesoría General de
Gobierno en los próximos días, puesto que es el órgano asesor facultado para expedirse, y según el Art. 57 del Decreto Ley 7647/70, su intervención previa es obligatoria”. A partir de ese momento, se cortó todo tipo de comunicación. Por supuesto, no me notificaron en ningún momento si podía acceder o no a la información requerida.
Ejemplos de este tipo se multiplican por mil sin importar el color político de la gestión. El laberinto no tiene salida, pero sí un velo opaco que recubre la maquinaria burocrática del Estado.
Por Julián Maradeo
